Ley 26.774
LEY DE CIUDADANIA ARGENTINA
Modifícanse Leyes N° 346, 17.671, 19.945, 23.298, 25.432, 26.215 y 26.571.
Sancionada: Octubre 31 de 2012. Promulgada: Noviembre 1 de 2012.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° — Modifícase el artículo 7° de la ley 346, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República.
ARTICULO 2° — Modifícanse el inciso b) del artículo 10 y el artículo 10 bis de la ley 17.671, que quedarán redactados de la siguiente manera:
b) Al cumplir la persona los catorce (14) años de edad, oportunidad en que se completarán todos los datos y antecedentes, incluyendo una nueva fotografía. En esta etapa de actualización, que suple al anterior enrolamiento y empadronamiento, se entregará el documento nacional de identidad que corresponde;
Artículo 10 bis: En oportunidad de la primera actualización de los datos de identificación, se requerirá la presentación del certificado que acredite escolaridad actual, extendido por autoridad competente.
Al tramitar la persona la actualización prevista a los catorce (14) años de edad, se solicitará el certificado de aprobación de la Educación General Básica, o la acreditación de escolaridad actual.
ARTICULO 3° — Modifícanse los artículos 1°, 6°, 12, 15, 18, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 61, 68, 72, 73, 75, 75 bis, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 112, 125, 127 y 137 de la ley 19.945, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º: Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley.
Artículo 6°: Inmunidad del Elector. Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al elector desde veinticuatro (24) horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de estos supuestos no se le estorbará en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño de sus funciones.
Artículo 12: Deber de votar. Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito.
Quedan exentos de esa obligación:
a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;
b) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.
Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;
c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.
Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;
d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.
La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este artículo son de carácter optativo para el elector.
Artículo 15: Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores es único y contiene los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito;
2. De electores inhabilitados y excluidos;
3. De electores residentes en el exterior;
4. De electores privados de la libertad.
El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la firma original del elector, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral actualizar la profesión de los electores.
Artículo 18: Registro de infractores al deber de votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 12. Luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar a la Cámara el listado correspondiente a los electores de su distrito.
Artículo 25: De los padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los electores inscritos en ellos. Los padrones provisionales están compuestos por los datos de los subregistros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta ciento ochenta (180) días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre y domicilio de los inscritos. Los mismos deberán estar ordenados por distrito y sección.
Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte para la impresión de las listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.
Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días después de la fecha de cierre del registro para cada elección, en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptible de correcciones por parte de los electores inscritos en él. Se deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas al padrón provisional.
Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral, que se eliminen o tachen del padrón los electores fallecidos, los inscritos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al elector impugnado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional Electoral para que disponga la anotación de la inhabilitación en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez, se eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en papel.
El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.
Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que tendrá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.
El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.
Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector, un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que para los padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma.
Artículo 33: Errores u omisiones. Plazos para subsanarlos. Los electores estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio.
No darán órdenes directas de inclusión de electores en los ejemplares ya enviados a los presidentes de mesa.
Las reclamaciones que autoriza este artículo se limitarán exclusivamente a la enmienda de erratas u omisiones. No serán admisibles las reclamaciones e impugnaciones a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley, las cuales tendrán que ser formuladas en las oportunidades allí señaladas.
Artículo 35: Comunicación de autoridades civiles y militares respecto de electores inhabilitados. Las autoridades civiles y militares deberán formalizar, noventa (90) días antes de cada elección mediante comunicación a los jueces electorales la referencia de los electores inhabilitados en virtud de las prescripciones del artículo 3° y que se hallasen bajo sus órdenes o custodia o inscriptos en los registros a su cargo.
El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el presente artículo, pasados treinta (30) días del plazo fijado en ellos y sin necesidad de requerimiento alguno, hará incurrir a los funcionarios responsables en falta grave administrativa. Los jueces electorales comunicarán el hecho a los respectivos superiores jerárquicos a los fines que corresponda.
Si las autoridades que se mencionan aquí no tuviesen bajo sus órdenes o custodia a electores comprendidos en la prescripción del artículo 3°, igualmente lo harán saber a los jueces pertinentes en el plazo a que alude el primero de ellos.
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta (60), se incorporará a la mesa que el juez determine. Si restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces electorales pueden constituir mesas electorales, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los electores al comicio, agrupando a los electores considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez realizada esta operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.
Artículo 43: Atribuciones y deberes. Tienen las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de lo establecido en la ley 19.108 y reglamento para la justicia nacional:
1. Proponer a las personas que deban ocupar el cargo de secretario, prosecretario y demás empleos.
2. Aplicar sanciones disciplinarias, inclusive arresto de hasta quince (15) días, a quienes incurrieren en falta respecto a su autoridad o investidura o a la de los demás funcionarios de la Secretaría Electoral, u obstruyeren su normal ejercicio.
3. Imponer al secretario, prosecretario o empleados sanciones disciplinarias con sujeción a lo previsto en el reglamento para la justicia nacional. Además, en casos graves, podrán solicitar la remoción de éstos a la Cámara Nacional Electoral.
4. Recibir y atender las reclamaciones interpuestas por cualquier elector y por los apoderados de los partidos políticos, sobre los datos consignados en los aludidos registros.
5. Designar auxiliares ad-hoc, para la realización de tareas electorales, a funcionarios nacionales, provinciales o municipales. Las designaciones se considerarán carga pública.
6. Cumplimentar las demás funciones que esta ley les encomienda específicamente.
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución. En la misma forma se sustanciarán las nuevas sustituciones.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente la agrupación política que lo haya registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal designación debe recaer en un elector que haya participado en las elecciones primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la vacante.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.
Artículo 68: Miembros de las fuerzas armadas. Limitaciones de su actuación durante el acto electoral. Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas y autoridades policiales nacionales, provinciales, territoriales y municipales, no podrán encabezar grupos de electores durante la elección, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar reuniones con el propósito de influir en los actos comiciales.
Al personal retirado de las fuerzas armadas, cualquiera fuera su jerarquía, le está vedado asistir al acto electoral vistiendo su uniforme.
El personal de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a los comicios de uniforme y portando sus armas reglamentarias.
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.
Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de presidente. Se designará también un suplente, que auxiliará al presidente y lo reemplazará en los casos que esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, las autoridades de mesa designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de llevarse a cabo la segunda vuelta.
Los electores que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior y Transporte determinará la suma que se liquidará en concepto del viático, estableciendo el procedimiento para su pago que se efectuará dentro de los sesenta (60) días de realizado el comicio, informando de la resolución al juez federal con competencia electoral de cada distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán ambas compensaciones y se cancelarán dentro de un mismo plazo.
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y suplentes deberán reunir las calidades siguientes:
1. Ser elector hábil.
2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad.
3. Residir en la sección electoral donde deba desempeñarse.
4. Saber leer y escribir.
A los efectos de verificar la concurrencia de estos requisitos, las Juntas Electorales están facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estimen necesarios.
Artículo 75: Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.
Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de los servicios especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.
a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas. Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la Junta;
b) Es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato. Se acreditará mediante certificación de las autoridades del respectivo partido;
c) A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impida concurrir al acto electoral, solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación podrá ser extendida por un médico particular, pudiendo la Junta hacer verificar la exactitud de la misma por facultativos especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines previstos en el artículo 132.
Artículo 75 bis: Registro de autoridades de mesa. La justicia nacional electoral creará un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Aquellos electores que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la justicia electoral o en las delegaciones de correo donde habrá formularios al efecto.
La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte prestar el apoyo necesario.
Artículo 86: Dónde y cómo pueden votar los electores. Los electores podrán votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y con el documento cívico habilitante. El presidente verificará si el elector a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa.
Para ello cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas indicaciones contenidas en dicho documento. Cuando por error de impresión alguna de las menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento, el presidente no podrá impedir el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos se anotarán las diferencias en la columna de observaciones.
1. Si por deficiencia del padrón el nombre del elector no correspondiera exactamente al de su documento cívico, el presidente admitirá el voto siempre que, examinados debidamente el número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etc., fueran coincidentes con los del padrón.
2. Tampoco se impedirá la emisión del voto:
a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos datos relativos al documento cívico (domicilio, clase de documento, etc.);
b) Cuando falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente al interrogatorio minucioso que le formule el presidente sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia que tienda a la debida identificación;
c) Al elector que figure en el padrón con libreta de enrolamiento o libreta cívica duplicada, triplicada, etc., y se presente con el documento nacional de identidad;
d) Al elector cuyo documento contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales, grupo sanguíneo, etc.
3. No le será admitido el voto:
a) Si el elector exhibiere un documento cívico anterior al que consta en el padrón;
b) Al elector que se presente con libreta de enrolamiento o libreta cívica y figurase en el registro con documento nacional de identidad.
4. El presidente dejará constancia en la columna de ‘observaciones’ del padrón de las deficiencias a que se refieren las disposiciones precedentes.
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral.
Artículo 88: Derecho del elector a votar. Todo aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los presidentes no aceptarán impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del elector para figurar en el padrón electoral.
Está excluido del mismo quien se encuentre tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se alegare error.
Artículo 89: Verificación de la identidad del elector. Comprobado que el documento cívico presentado pertenece al mismo elector que aparece registrado como elector, el presidente procederá a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento, oyendo sobre el punto a los fiscales de los partidos.
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente lo hará constar en el sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido, número y clase de documento cívico y año de nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo, que será firmado por el presidente y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno de éstos se negare el presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes. Luego colocará este formulario dentro del mencionado sobre, que entregará abierto al elector junto con el sobre para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario.
La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importará el desistimiento y anulación de la impugnación; pero bastará que uno solo firme para que subsista.
Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente del comicio considera fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden. Este arresto podrá serle levantado sólo en el caso de que el impugnado diera fianza pecuniaria o personal suficiente a juicio del presidente, que garantice su comparecencia ante los jueces.
La fianza pecuniaria será de pesos ciento cincuenta ($ 150) de la que el presidente dará recibo. El importe de la fianza y copia del recibo será entregado al empleado del servicio oficial de correos juntamente con la documentación electoral una vez terminado el comicio y será remitido por éste a la Secretaría Electoral del distrito.
La personal será otorgada por un vecino conocido y responsable que por escrito se comprometa a presentar al afianzado o a pagar aquella cantidad en el evento de que el impugnado no se presentare al juez electoral cuando sea citado por éste.
El sobre con el voto del elector, juntamente con el formulario que contenga su impresión digital y demás referencias ya señaladas, así como el importe de la fianza pecuniaria o el instrumento escrito de la fianza personal, serán colocados en el sobre al que alude inicialmente el primer párrafo de este artículo.
El elector que por orden del presidente de mesa fuere detenido por considerarse fundada la impugnación de su voto inmediatamente quedará a disposición de la Junta Electoral, y el presidente, al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta haciendo constar el lugar donde permanecerá detenido.
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector colocará en el sobre su boleta de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna. El presidente por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar se verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales y/o municipales, se utilizará un solo sobre para depositar todas las boletas.
Los electores ciegos o con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto podrán sufragar asistidos por el presidente de mesa o una persona de su elección, que acredite debidamente su identidad, en los términos de la reglamentación que se dicte. Se dejará asentada esta circunstancia en el padrón de la mesa y en el acta de cierre de la misma, consignando los datos del elector y de la persona que lo asista. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa, podrá asistir a más de un elector en una misma elección.
Artículo 95: Constancia de emisión de voto. Acto continuo el presidente procederá a señalar en el padrón de electores de la mesa de votación que el elector emitió el sufragio, a la vista de los fiscales y del elector mismo. Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos los siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre y apellido completos, número de D.N.I. del elector y nomenclatura de la mesa, la que será firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación. Dicha constancia será suficiente a los efectos previstos en los artículos 8°, 125 y 127 segundo párrafo.
Artículo 112: Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor de diez (10) días corridos.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la elección.
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral.
Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante en la elección.
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo 25, comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la multa, la constatación objetiva de la omisión no justificada. Los procesos y las resoluciones judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa, podrán comprender a un infractor o a un grupo de infractores. Las resoluciones serán apelables ante la alzada de la justicia nacional electoral.
Artículo 127: Constancia de justificación administrativa. Comunicación. Los jefes de los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia, según el modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido originada por actos de servicio por disposición legal, siendo suficiente constancia para tenerlo como no infractor.
Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, que sean mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad, presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido. La omisión o inexactitud en tales comunicaciones también se sancionará con suspensión de hasta seis (6) meses.
De las constancias que expidan darán cuenta a la justicia nacional electoral dentro de los diez (10) días de realizada una elección nacional. Estas comunicaciones tendrán que establecer el nombre del empleado, último domicilio que figure en su documento, clase, distrito electoral, sección, circuito y número de mesa en que debía votar y causa por la cual no lo hizo.
Artículo 137: Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Retención indebida de documentos cívicos. Se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no resultare un delito más severamente penado, al elector que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso.
Serán pasibles de la misma pena quienes retengan indebidamente documentos cívicos de terceros.
ARTICULO 4° — Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 20, 23 y 25 quáter de la ley 23.298, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1°: Se garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos.
Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y requisitos que establece esta ley.
Artículo 2°: Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.
Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas.
Artículo 3°: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo establecido en la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios;
c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.
Artículo 6°: Corresponde a la Justicia Federal con competencia electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos sus autoridades, candidatos, afiliados y electores en general.
Artículo 20: A los fines de esta ley, el domicilio electoral del elector es el último anotado en la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad.
Artículo 23: Para afiliarse a un partido se requiere:
a) Estar inscripto en el subregistro electoral del distrito en que se solicite la afiliación;
b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad;
c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase, estado civil, profesión u oficio y la firma o impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la Justicia Federal con competencia electoral; la afiliación podrá también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.
Las fichas solicitud serán suministradas sin cargo por el Ministerio del Interior y Transporte a los partidos reconocidos o en formación que las requieran, sin perjuicio de su confección por los mismos y a su cargo, conforme al modelo realizado por el Ministerio del Interior y Transporte respetando medida, calidad del material y demás características.
Artículo 25 quáter: Los electores pueden formalizar su renuncia por telegrama gratuito o personalmente ante la secretaría electoral del distrito que corresponda. A tal fin se establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama gratuito para el remitente, para efectivizar las renuncias a partidos políticos. El gasto que demande este servicio será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta del Ministerio del Interior y Transporte. El juzgado federal con competencia electoral una vez notificado de la renuncia a una afiliación, deberá darla de baja y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.
ARTICULO 5° — Modifícanse los artículos 3°, 4° y 6° de la ley 25.432, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 3°: En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto del electorado en los términos de la ley 19.945 será obligatorio.
Artículo 4°: Toda consulta popular vinculante será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional.
Artículo 6°: Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de consulta el voto del electorado no será obligatorio.
ARTICULO 6° — Modifícanse los artículos 18 y 27 de la ley 26.215, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 18: Administración financiera. El partido deberá nombrar un (1) tesorero titular y uno (1) suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al juez federal con competencia electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte.
Artículo 27: Responsables. En forma previa al inicio de la campaña electoral, las agrupaciones políticas, que presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 7° — Modifícase el artículo 23 de la ley 26.571, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores confeccionado por la justicia nacional electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que constarán las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos (2) elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente por los medios masivos de comunicación.
ARTICULO 8° — El Poder Ejecutivo nacional instrumentará una campaña de difusión y documentación destinada a que los jóvenes de catorce (14) años de edad tramiten la renovación del Documento Nacional de Identidad en los términos del artículo 10, inciso b) de la ley 17.671, con anterioridad a la fecha de cierre de los padrones provisionales prevista en el artículo 25 de la ley 19.945.
ARTICULO 9° — Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la presente ley.
ARTICULO 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.774 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Gervasio Bozzano.
martes, 6 de noviembre de 2012
lunes, 5 de marzo de 2012
Desempleo y subempleo entre nuestros jóvenes
Clarín, 05/03/12 - Por Elizabeth Tinoco DIRECTORA REGIONAL PARA LAS AMERICAS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
En América latina, la juventud se encuentra atrapada por la desocupación y la informalidad. Una quinta parte de ese sector no trabaja ni estudia.
América Latina enfrenta el escenario de incertidumbre sobre la economía global este 2012 con el aval de ser una región donde prevaleció el crecimiento económico y se lograron las tasas de desempleo urbano más bajas en décadas. Pero los jóvenes, con índices de desocupación e informalidad elevados, posiblemente tengan dificultad para ver el futuro con optimismo.
El desempleo y el subempleo juvenil impiden aprovechar el potencial de la generación mejor formada y educada que hemos tenido. En nuestra región, la tasa de desempleo urbano de los jóvenes es del 14,9%, el doble de la tasa de desempleo general de 6,8%, según estimaciones de la OIT. Al mismo tiempo, 60 de cada 100 personas entre 15 y 24 años que buscan trabajo terminan en empleos informales.
El desaliento generado por la escasez de empleos decentes lleva a muchos jóvenes a la inactividad. Alrededor de 20% de los 106 millones de jóvenes latinoamericanos no estudian ni trabajan.
Si la sociedad no crea empleos para los jóvenes, tienden a perder la confianza en las instituciones democráticas. Por otra parte, el progreso económico y social es insostenible si no se asume el desafío político de generar mejores oportunidades para los jóvenes.
Estamos frente a un problema estructural. El crecimiento económico es determinante pero no suficiente para resolverlo.
El empleo juvenil requiere de medidas específicas para hacer frente a los retos que se plantean. Al Estado le corresponde el papel de generar las políticas adecuadas, y a los interlocutores sociales, a los empleadores y trabajadores, apoyarlas con decisión. Hay un abanico de opciones: Hacer de la generación de empleo juvenil una prioridad en la agenda del diálogo social.
Apoyar el espíritu emprendedor de los jóvenes para que pongan en práctica sus propias iniciativas a través de sistemas de micro crédito.
Dar eficiencia y cobertura a los servicios de empleo, sitios digitalizados, oficinas donde se dé a los jóvenes información en tiempo real sobre posibilidades inmediatas de enganche.
Debatir sobre la educación necesaria para que se articule mejor con el mercado laboral, estimule la innovación, recalifique la mano de obra y facilite la certificación de competencias.
Incrementar los sistemas de pasantías para consolidar la formación profesional de los jóvenes en las empresas y el sector público y facilitar la transición educación-trabajo.
Dar acceso a los jóvenes a un sistema de créditos educativos, transferencias monetarias condicionadas y becas sueldo para que puedan continuar su formación y recalificación laboral.
Facilitar que las mujeres jóvenes se mantengan en el mercado laboral, a través de guarderías para sus hijos y turnos de todo el día en las escuelas.
Es indudable que no podemos prescindir del aporte de los jóvenes para construir sociedades prósperas e inclusivas. La generación de empleo juvenil no debe verse como la solución a un problema, sino como una manera de aprovechar una gran oportunidad para nuestros países. Ahora es el momento de asumir este desafío político.
lunes, 18 de abril de 2011
Políticas que en Argentina se han implementado hace tiempo... un rumbo compartido, ahora el desafío de la calidad...
InfoBAE 18-04-11 – Sociedad; Por Maricel Spini
Costa Rica y su éxito contra la deserción escolar: El programa Avancemos permitió disminuir el abandono en la secundaria y contribuyó a reducir 3 puntos el índice de pobreza. Un libro relata esta iniciativa, acompañada también por un cambio de conciencia fiscal.
Tras décadas de luchar contra el déficit fiscal y hacer frente a la abultada deuda externa, el gobierno costarricense logró estabilizar las finanzas. El salto se dio a base de una importante reforma tributaria que permitió incrementar las reservas y destinar gran parte de esos fondos a programas sociales creados para luchar contra la deserción escolar.
El país -reconocido internacionalmente por su promoción de derechos de tercera generación- es uno de los que mayor índice de alfabetización posee en toda América Latina, llegando a un 94%, según datos oficiales. Sin embargo, el abandono de la formación secundaria es un problema social que comenzó hace años y que recién se ha podido revertir en los últimos cinco.
Roberto Gallardo, actual ministro de Comunicación y ex titular de Planificación Nacional y Económica, explica esta experiencia en el libro América Latina frente a la crisis -una recopilación del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), a cargo del economista Bernardo Kliksberg y publicado por Random House Mondadori.
La principal causa de abandono escolar es la necesidad de los jóvenes de buscar trabajo para sumar otro sueldo al ingreso del hogar. "La presión familiar los lleva a sumarse al mercado laboral", explica Gallardo.
El proceso de pérdida de matrícula escolar fue especialmente importante durante la década de 1990 y sufrió una profundización tras la crisis económica de 2008. En ese período, las políticas estatales en materia social estuvieron centradas en paliar las necesidades de los núcleos familiares más desprotegidos para poder asegurar que los niños y adolescentes permanecieran dentro de las aulas.
Durante los años mencionados, Costa Rica debió afrontar el pago de la deuda lo que insumió el 30% del gasto público anual. Esa fue la primera barrera para que la meta de destinar el 6% del PBI a la educación hasta 2006 no se lograra. Una reforma tributaria, ordenada por el entonces presidente Oscar Arias, permitió que en los tres años siguientes creciera la recaudación fiscal, hasta llegar al primer superávit en medio siglo.
El aumento de los fondos del Estado se invirtió en el plan Avancemos, un beneficio económico entregado a familias pobres para que puedan hacer frente a los gastos diarios mientras aseguran la continuidad escolar de sus hijos. La modalidad implica una tarjeta de débito con la que se pueden realizar las compras de productos alimenticios, vestimenta y útiles.
"El programa tiene un triple objetivo: reducir la pobreza, favorecer la universalización de la secundaria y enfrentar y prevenir el trabajo infantil", señaló Gallardo. Según el funcionario, en el último quinquenio, el éxito de la ayuda permitió, además, reducir en tres puntos porcentuales el índice de pobreza del país, ubicándolo en 16,5%, una cifra aún elevada. Esto es consecuencia directa de la ampliación del número de costarricenses alcanzados por Avancemos: desde 2007 la población que accede a él creció un 300%.
Datos del Ministerio de Educación demuestran que la deserción en la secundaria disminuyó. En 2007, sólo el 12,9% de los estudiantes dejó los estudios; al año siguiente la cifra bajó 0,8% y en 2009 se ubicó en el 10,9% a pesar de la crisis económica.
El resultado de las becas fue valorado por Laura Chinchilla cuando asumió la Presidencia en marzo del año pasado, quien decidió doblar la apuesta lanzando Avancemos II. En 2010 se incrementaron los fondos destinados al programa en 5.000 millones de colones (9.900.210 dólares) y se logró una cobertura estudiantil del 43,4%, en todo el país (185.214 personas).
El fortalecimiento de esta política social fue respaldado por los ciudadanos que la ubicaron como el segundo mayor logro de la actual gestión. Así se desprende de una encuesta realizada por Unimer y publicada por el diario La Nación que otorga a la mandataria 46% de imagen positiva. Mientras que su mayor mérito fue el manejo del diferendo internacional con Nicaragua por la isla Calero.
domingo, 3 de abril de 2011
Desempleo y Juventud, otra mirada para discutir
El desempleo entre los jóvenes azota a todo el mundo
Para LA NACION (DOM 3-ABR-2011), Jeffrey D. Sachs, Profesor de la Universidad de Columbia y asesor de las Naciones Unidas
NUEVA YORK.- Muchos factores están detrás de los levantamientos en Oriente Medio: décadas de régimen corrupto y autoritario, sociedades más alfabetizadas y digitalmente conectadas y precios de los alimentos mundiales por las nubes. Para colmo, en todo Oriente Medio (así como en el Africa subsahariana y en gran parte del sur de Asia), el crecimiento de la población alimenta presiones demográficas.
La población de Egipto, por ejemplo, se duplicó durante el régimen de Hosni Mubarak, de 42 millones en 1980 a 85 en 2010. Sin lugar para extenderse, las densidades poblacionales están aumentando hacia un punto de quiebre. El Cairo se convirtió en una región que se expande descontroladamente, con unos 20 millones de personas que viven codo con codo, con una infraestructura inadecuada.
El rápido crecimiento de la población significa una población joven desbordante. De hecho, la mitad de la población de Egipto tiene menos de 25 años. Egipto, como decenas de países en todo el mundo, enfrenta el desafío extremo de asegurar un empleo productivo y remunerado para sus jóvenes.
El crecimiento del empleo no va a la par del de la población, al menos no en el sentido de empleos decentes con salarios decentes. La tasa de desempleo entre los jóvenes (de 15 a 24 años) en el norte de Africa y en Oriente Medio es del 30% o más. La frustración de los jóvenes desempleados se está volcando a las calles.
El problema del alto desempleo entre los jóvenes no se limita al mundo en desarrollo. En Estados Unidos, la tasa general de desempleo ronda el 9%, pero entre los jóvenes entre 18 y 25 años es de un asombroso 19 por ciento.
Los mercados laborales del mundo hoy están interconectados. Los jóvenes en países tan diversos como Egipto y Estados Unidos, en realidad, compiten con los chinos e indios por empleos. Los trabajadores industriales mal pagos y razonablemente productivos de China así como la infraestructura de alta calidad del país (carreteras, energía, puertos y comunicaciones) establecieron el estándar para la competitividad a nivel mundial. En consecuencia, los trabajadores poco calificados de Egipto, Estados Unidos y otros países deben o bien aumentar su productividad para competir con un salario decente, o bien aceptar una paga extremadamente baja o, directamente, el desempleo.
Empleos y salarios decentes
De manera que crear empleos decentes con salarios decentes es fundamental para ser internacionalmente competitivo. Eso requiere brindarles a los trabajadores una buena educación, una sólida capacitación laboral y una infraestructura de apoyo. Sólo una región de altos ingresos ha hecho un trabajo razonablemente bueno para preparar a su juventud para una dura competencia global: el norte de Europa, incluso Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. En estos países, la educación pública es excelente, y la transición de la escuela al trabajo suele ir de la mano de programas como las becas por las cuales Alemania es particularmente famosa.
En los países en desarrollo, los principales progresos se detectan en países que enfatizan la excelencia en la educación, la inversión pública en infraestructura y una capacitación laboral seria. Corea del Sur probablemente sea la principal historia de éxito.
Estados Unidos es un ejemplo de fracaso, excepto para los jóvenes de hogares de altos ingresos. Los niños norteamericanos criados en un contexto de prosperidad logran recibir una excelente educación y tener buenas perspectivas laborales después de una licenciatura. Pero como los ricos presionaron exitosamente a favor de recortes impositivos y reducciones en el gasto del gobierno, los niños de los hogares pobres y de clase trabajadora tienen muchas menos posibilidades de recibir una educación de alta calidad.
Los países del norte de Africa y de Oriente Medio deberían esforzarse por evitar los fracasos de Estados Unidos. Si la democracia florece en Egipto, Túnez y otras partes del mundo árabe, los nuevos gobiernos deben hacer de la crisis de desempleo entre los jóvenes su principal prioridad. Los gobernantes autoritarios depuestos -Zine El Abidine Ben Ali, de Túnez, Mubarak y pronto el Muammar Khadafy, de Libia- se quedaron con miles de millones de dólares robados del tesoro público. Debería recuperarse este dinero para colocarlo en un fondo especial para el empleo juvenil.
Con los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, los Estados del Golfo están atravesando una bonanza. Ellos también deberían crear un fondo especial para el empleo juvenil en la región a través del Banco de Desarrollo Islámico. No puede haber mejor manera de utilizar los recursos de la región que asegurando que la vida de sus jóvenes se vea enriquecida por la educación, el desarrollo de capacidades y empleos de alta calidad.
Dato: 19% Es el desempleo que registra Estados Unidos entre los jóvenes de entre 18 y 25 años; la tasa general es del 9 por ciento.
© Project Syndicate 1995-2011
viernes, 11 de marzo de 2011
Terminalidad educativa en el nivel secundario: la obligatoriedad tiene fundamento
InfoBAE, 09-03-11
En Argentina, menos de la mitad de los alumnos terminan el secundarioSegún un informe al que accedió Infobae.com, el país tiene uno de los índices más bajos en América Latina con relación a la cantidad de estudiantes que egresan del secundario: 43 por ciento. En Perú y en Chile, lo hacen el 70% de los alumnos. Desde 2003, se ve una caída de las matrículas en escuelas públicas
En la Argentina, sólo el 43% de los alumnos que comienza con la educación secundaria la termina, de acuerdo a un informe publicado por el Instituto Di Tella. Es decir, menos de la mitad de los inscriptos llega a completar los doce años que conforman el ciclo primario y el secundario.
Esto posiciona al país en uno de los puestos más bajos en América Latina, por debajo de Bolivia, Paraguay y Ecuador. Los mejores ubicados son los peruanos y los chilenos, que cuentan con un 70% de estudiantes que completan el ciclo.
Dada la falta de cumplimiento de las leyes educativas, los padres optan cada vez más por enviar a sus hijos a colegios privados, en un claro éxodo de la escuela pública.
A partir de 2003, la matrícula estatal registró una caída sostenida, que ha disminuido en 250.000 alumnos. La ciudad de Buenos Aires cuenta con 127.000 alumnos menos; Santa Fe, con 32.000; Mendoza, con 20.000; y Córdoba perdió 15.000 alumnos en las escuelas públicas. Esta huida de la educación estatal provoca la subida de las matrículas en los colegios privados, que en el período 2002-2009 aumentaron un 18 por ciento.
La región metropolitana es la que cuenta con el mayor número de asistentes a centros educativos privados. El 52% del estudiantado concurre a este tipo de escuela en detrimento de las públicas. El Conurbano y la provincia de Buenos Aires le siguen en el listado, con 40 y 35% de asistencia a colegios privados, respectivamente. Entre las zonas con menor asistencia están Formosa, Chaco y La Rioja.
En tiempos en que, dadas a las carencias en cuanto a oferta de trabajo y a las diferentes competencias laborales, el diploma de la educación secundaria aparece como una necesidad, pero nunca es suficiente.
Respecto de los niveles de graduación universitaria, los números tampoco son muy alentadores. Mientras que en países como Islandia el 66% de los estudiantes alcanza el título universitario, en nuestro país sólo lo hace el 14%, de acuerdo con un informe publicado por la Unesco.
De la región latinoamericana el mejor ubicado en Panamá, que cuenta con una taza de graduación universitaria de 25%.
Otro ejemplo de la necesidad de contar con una ley penal juvenil que contemple alternativas razonables a la mera privación de la libertad
Clarín, 18/08/10, PorLiliana Caruso
Es culpable, pero aún no se sabe el monto de la pena. El imputado mató a su víctima cuando aún era menor y seguirá detenido en un instituto.
Un joven acusado de haber asesinado al estudiante de Arquitectura Mariano Iannetta, y de haber dejado hemipléjico a su padre durante un asalto en agosto de 2009, fue hallado culpable. Pero el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín resolvió dejar en suspenso el monto de la pena.
De esta forma el adolescente, que era menor al cometer el delito pero que ya cumplió los 18 años, estará detenido en un instituto de régimen cerrado hasta que termine lo que se llama “tratamiento tutelar”, y que supone una rehabilitación para él.
“El joven fue hallado responsable del crimen, ya tiene la mayoría de edad, pero falta que cumpla con el tratamiento tutelar dispuesto por el artículo cuarto de la ley 22.178, que reglamenta un año de terapia de recuperación antes de que sea pasible de una eventual condena privativa de la libertad.
Igual ese plazo se vence en breve ”, explicó el secretario del Tribunal, Ramón Bogado Tula. Según pudo saber Clarín , ese lapso vence para el joven a fin de este mes. Sin embargo, como su abogado defensor adelantó que apelará el fallo condenatorio , es probable que la pena a cumplir se conozca más adelante.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil 2 de San Martín, que le imputó al joven los delitos de homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito), robo calificado e intento de homicidio contra el padre de Iannetta, quien resultó herido y quedó hemipléjico. El hombre, además recibe tratamiento neuropsiquiátrico porque nunca pudo asumir la muerte de su hijo. El Tribunal también juzgó al joven por otro robo calificado con uso de arma y resistencia a la autoridad .
Los jueces de San Martín fallaron de la misma forma que lo hiciera, el 18 de julio, el Tribunal Penal Juvenil 3 de San Isidro por el asesinato de Santiago Urbani. Allí los jueces difirieron la pena a dos menores que tenían 16 años al cometer el asesinato para cuando cumplan los 18. Pero a diferencia del fallo de ayer, en el que los jueces mantuvieron la acusación del fiscal, los de San Isidro modificaron la calificación del delito a homicidio en ocasión de robo, un delito penado con 10 a 25 años de prisión. Al juicio de ayer asistieron allegadas a la familia Iannetta. En un breve diálogo con Clarín sólo dijeron la salud del papá de Mariano “ sigue delicada ”.
Un pedido para no criminalizar a los jóvenes
Para la Iglesia, la sociedad debe hacerse cargo efectivamente de los menores que delinquen y no “criminalizar su conducta”. Así lo dijo el vocero del Episcopado, padre Jorge Oesterheld, durante un alto de la reunión de la cúpula eclesiástica.
Tras admitir que los obispos, como el resto de la sociedad, están muy preocupados por la inseguridad, señaló frente al aumento de delitos que tienen como protagonistas a menores que éstos “viven en un clima de violencia y aprenden la violencia”.
En ese sentido, consideró necesario “no tener que llegar al punto de criminalizar sus conductas, aunque sean capaces de matar”. Y redondeó: “Hay que encontrar la manera de contenerlos porque son menores y es la sociedad la que se tiene que hacer cargo”.
lunes, 31 de enero de 2011
EXCELENTE NOTA: “No sirve que en las escuelas haya clases de computación”
PÁGINA12, Dialogos / Lunes, 31 de enero de 2011 / Por Mariana Carbajal
Nora Sabelli, una de las principales especialistas en tecnologías y aprendizaje de los Estados Unidos. Es argentina y está radicada en Estados Unidos desde que emigró tras la Noche de los Bastones Largos. Ahora asesora en el país al programa oficial de distribución de netbooks a estudiantes. Aquí evalúa ese plan, analiza cómo debe cambiar la dinámica en las escuelas con la utilización de las computadoras y advierte cuáles son los nuevos desafíos para padres y docentes.
–¿Cómo llegó a la ciencia?
–Me llamo Nora porque mi padre estaba muy entusiasmado con la obra de Ibsen y había leído Casa de Muñecas, donde la protagonista es una mujer que se da cuenta de que tiene que ser inteligente e independiente si quiere ser buena madre. Por ese personaje me puso Nora. Mi padre me ayudó y me apoyó muchísimo con la ciencia. El era contador, y había querido ser matemático pero con la depresión del ’30 se tuvo que poner a trabajar y no pudo.
–¿Con las nuevas tecnologías cambió el sentido del saber?
–Absolutamente. Le voy a dar un ejemplo: yo ya tengo mis años y con los años vienen algunas molestias. Antes de ir al médico, yo voy a Internet y averiguo todo lo que puedo respecto de ese tipo de síntoma que tengo. Entonces, cuando voy al médico ya sé qué preguntar. Es totalmente distinto. Y eso pasa con todas las cosas. Cuando uno va a comprar algo, primero va a Internet y se fija dónde existe, qué precios tiene, qué condiciones, qué diferencias hay y después decide dónde ir a comprarlo. El acceso a la información es mucho más general y público que lo que era antes. No hay tanta diferencia entre el especialista y el laico. El usuario es un productor al mismo tiempo. Es una democratización del acceso a la información enorme. Lo que hay que tener cuidado es de preparar a la gente para evaluar la información. Aquello sobre lo cual hay que educar evoluciona al mismo tiempo que evolucionan las herramientas para vivir, para trabajar.
–Pero todavía hay amplios sectores excluidos del acceso a las nuevas tecnologías...
–Sí y no. Le voy a dar casos de Estados Unidos y de Africa. De aquí no tengo. Si uno habla de tecnologías como computadoras, sí. Pero si uno habla de tecnología como teléfono celular, ya casi no existe. En Africa hay países que casi no tienen infraestructura de caminos y mucha gente no tiene dirección, o mejor dicho, su dirección es el número de teléfono portátil. En Estados Unidos las máquinas para juegos son muy baratas. La gente de pocos recursos en general tiene acceso a games machines que pueden ser utilizadas como entrada a la computación, y hay accesorios que se pueden agregar a la televisión, que no son muy caros, que permiten entrar a Internet. Es cierto, hay mucha gente que está aislada de ese acceso a la información, pero no es una cuestión insoluble, no es como si hubiera de proveer de grandes recursos y computadoras. Lo único que hace falta es dar electricidad. Con los teléfonos celulares que existen en este momento hay acceso a cualquier cosa.
–¿Qué le parece el programa Conectar-Igualdad?
–Lo que es muy interesante de Conectar-Igualdad es que potencia o empodera a los estudiantes y los maestros –en inglés diría empower– para que accedan a la información ellos mismos y la manejen, que es una manera de crear una capacidad de cambio en el sistema muy diferente de la tradicional de preparar al maestro para que dé información.
–¿Basta con entregar computadoras?
–Por supuesto que no. Cuando la gente me pregunta si las computadoras ayudan a la educación, yo lo que les pregunto es si el lápiz ayuda a la educación. ¿Ayuda? Depende de cómo se use. Lo mismo sucede con la tecnología. Cuando empezaron a aparecer las computadoras en Estados Unidos hace ya unos cuarenta años, hubo un investigador que hizo un estudio muy interesante: encontró que en las escuelas de muchos recursos, donde los chicos pertenecían a familias más bien pudientes y la escuela tenía recursos, los chicos aprendían a programar las máquinas. En las de pocos recursos, había máquinas –porque había un programa por el cual se entregaban PC a escuelas carenciadas– pero se usaban para que los chicos practicaran conocimientos básicos, es decir, la máquina los controlaba a ellos. En las escuelas de muchos recursos, los estudiantes tenían el control de las computadoras. Este ejemplo muestra la diferencia de cómo hay que usar las computadoras. En el programa Conectar-Igualdad, la gente entiende que hay que potenciar al usuario, y fundamentalmente profesionalizar al maestro.
–¿Qué tipo de capacitación necesitan los docentes?
–Por empezar, saber usar la máquina. No es muy difícil, ése no es un problema. Lo que más necesitan son ejemplos y apoyos para saber cómo usarla en la enseñanza, que no es lo mismo que usarla para la comunicación. Cuando la gente habla de las competencias del siglo XXI, habla de competencias de comunicación. Son las cosas que saben los chicos que usan los teléfonos portátiles. Pero para utilizar la computadora en la enseñanza tienen que aprender una nueva pedagogía y algo muy importante, para lo cual necesitan apoyo institucional, que es entender cuál es su rol: no es proveer de información a los alumnos sino ayudarlos a interpretar la información y a darle un contexto en el cual integrarla. Es decir, el docente ya no se para al frente y da una clase para la cual aprendió de memoria lo que leyó en un libro, sino que simplemente tiene que sentirse lo suficientemente cómodo como para que cuando el chico le hace una pregunta, le da la respuesta, o la va a buscar o le dice: “Mañana te digo”. Y eso depende de que el director de la escuela entienda cuál es el cambio. Hay ejemplos muy interesantes en Estados Unidos. Los padres como los directores tienen unas expectativas de lo que es un aula bien manejada: tradicionalmente, es aquella en la que los chicos están sentados y callados, escuchan y toman notas. En las aulas de la nueva pedagogía, donde los chicos están más en control de su aprendizaje, están muchísimo más entusiasmados. ¿Qué pasa cuando los chicos están entusiasmados? Hablan y hacen ruido. A veces, los directores y los padres dicen: “Los chicos no están aprendiendo y el maestro no está haciendo nada”. Al contrario. Lo que pasa es que la gente espera que el maestro enseñe pero no que el chico aprenda. Y hay que pasar el énfasis a que el chico aprenda y el maestro –y también el padre– lo ayude a aprender.
–¿Cómo debería cambiar la dinámica de la clase, entonces?
–Todos los maestros saben que cuando los chicos están interesados, aprenden. Y la tecnología les interesa a los chicos. El buscar las cosas que a ellos les interesan los hace pasar más tiempo estudiando. Hay estudios que han demostrado –y a mí me parece genial–, que cuando los chicos empiezan a usar bien la tecnología para hacer sus investigaciones, para buscar cosas, para conectarse con otros chicos, aumenta el número de libros que sacan de la biblioteca.
–¿Por qué? ¿Cómo es eso?
–Porque tienen interés en saber. Y al mismo tiempo escriben mucho mejor. Cuando escriben, muchas veces es para conectarse con otros chicos, por eso les interesa que los otros los entiendan. Si los otros chicos no les entienden empiezan a preocuparse por dónde va la coma. Antes, por ejemplo, si mis hijos escribían bien, lo que obtenían era que su mamá los felicitara. Lo peor que les podía pasar es que el maestro me dijera que escribían bien porque entonces, yo, su mamá, los avergonzaba delante de mis amigos, diciendo cosas sobre su escritura. Es decir, es una cuestión de interés y motivación. No se puede forzar a la gente a aprender.
–En muchos colegios en la Argentina, todavía el alumnado tiene clase de computación un par de horas por semana, como una materia específica. ¿Qué opina al respecto?
–Eso es lo que no hay que hacer. No tiene que haber clase de computación. No hay una clase de lápiz, ni de diccionario. ¿Por qué, entonces, va a haber una clase de un método de acceder a la información? La matemática aplicada tiene que ver con acceso e interpretación de datos. Sin calculadora es muy difícil hacer una suma de más de diez números. ¿Por qué no ver qué pasa con una suma de más de 40 números? El detalle puede hacerlo la máquina, el concepto y la interpretación es lo que tiene que hacer el estudiante y el maestro. No puede ser que la computadora se use por diez minutos al final del día a modo de premio. Eso no sirve para nada: es lo mismo que darles un caramelo. Por eso, lo importante en el programa Conectar-Igualdad es darles la máquina para que los chicos se la lleven a la casa, la usen allí, aprendan las cosas con sus hermanos y sus padres, y los maestros, también se las lleven a sus hogares, para hablar con sus hijos.
–A veces, a los padres de los nativos digitales les resulta difícil balancear el uso hogareño que hacen los chicos de las pantallas y otras actividades como el deporte. ¿Qué aconseja?
–Como todas las cosas se debe resolver con sentido común. A los chicos les interesa la tecnología. Le voy a contar algo que leí que no tiene nada que ver con esto. Familias de inmigrantes llegaban hace muchos años a Estados Unidos de lugares donde no había teléfonos. Entonces, cuando sonaba el aparato era un desastre porque pensaban que sólo se llamaba para dar malas noticias. Llevó tiempo hasta que los padres se acostumbraran a que los amigos llamaban por teléfono a los chicos, y que el teléfono era una forma muy distinta de comunicarse a la carta. Bueno, esto es lo mismo. Los chicos usan la computadora para conectarse con otros chicos. Si están todo el tiempo haciendo juegos individuales está mal. Si las usan para conectarse con otros chicos, siempre y cuando salgan después a hablar con otros chicos, está muy bien. En estos momentos, en una ciudad cercana a donde yo vivo hay un problema con los celulares en las aulas. Hay cuatro puntos de vista. A los maestros les molesta porque no saben qué está haciendo el chico con su teléfono y los quieren sacar; la dirección de la escuela dice que no se pueden tener; los padres se oponen porque es una manera que tienen de ponerse en contacto con sus hijos, de saber dónde están, y que están bien; y los chicos dicen: “¿Cómo no vamos a tener teléfonos? Si la maestra me hace una pregunta y no entiendo, yo voy y busco en Internet, hago un cálculo, me ayuda a entender qué está pasando en el aula”. Y también es cierto que si la madre o un amigo les mandan un mensaje, lo miran. Las reglas de uso no se han establecido porque es muy nuevo.
–En Argentina, en general, está prohibido tenerlos o usarlos en el aula.
–Yo creo que no es necesariamente lo mejor, porque uno quiere que si tiene que hacer un cálculo, lo hagan bien. No tienen que hacer todo de memoria. El tema es poner las reglas. Eso lleva tiempo.
–¿Cómo debería reflejarse la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza del siglo XXI?
–Cambió la ciencia, cambió el acceso a la información. ¿Cuál es la definición de alfabetización científica? Lo que la gente tiene que saber para poder hablar con el experto. Yo no tengo que saber hacer física pero tengo que saber suficiente de física como para entender qué le pasa a mi auto cuando voy a hablar con el mecánico. Una cosa, entonces, es el acceso a la información, evaluarla. La información no es más una cuestión que está seleccionada en una enciclopedia. La información existe positiva y negativa en la web. ¿A quién se le tiene confianza en la web? ¿A quién no? ¿Cómo se interpreta? Eso es algo que hay que aprender. Otra cosa: habría que enseñar los modelos de simulación que se están utilizando para encontrar soluciones a los problemas sociales, ambientales, económicos que hay en la sociedad, para que la gente haga su propia experiencia. El problema fundamental que tiene la educación actual es que la gente aprende de memoria algo que se resolvió hace más de un siglo, y no tiene manera de relacionarse con la ciencia que está viviendo en este momento. Y eso no tiene que ser así porque existe la tecnología que permite a cualquier persona entender qué es un experimento. No es una cuestión sólo de tecnología: es una manera de pensar.
–¿Qué se sabe del impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje?
–Le voy a contar sobre un estudio muy interesante. El Consejo de las Escuelas de las grandes ciudades está formado por los superintendentes de los sistemas escolares de Miami, Chicago, Nueva York, entre otras ciudades importantes. Ellos realizaron un estudio muy bueno: tomaron en cada ciudad dos grupos de escuelas, apareadas por datos demográficos. A todas las escuelas les dieron CD Rom con enciclopedias y la misma preparación a los maestros. El estudio se hizo cuando las computadoras todavía no eran portátiles y estaban fijas en las aulas. A la mitad de las escuelas en cada ciudad les dieron acceso a Internet, a la otra mitad, no. Paralelamente contrataron a unos diez expertos en evaluar composiciones escolares. A los chicos les dieron tres meses para escribir un ensayo sobre Martin Luther King. Las escuelas tenían en su mayoría alumnado negro. Al cabo de los tres meses, mezclaron los ensayos y se los dieron a los expertos para que los calificaran. En general, los ensayos eran parecidos, pero había un par de aspectos que los diferenciaban. Los de los chicos que habían tenido acceso a Internet mostraban el aspecto positivo y negativo en relación con la temática, y además, su propia posición. Lo que hicieron los chicos fue aprender, no memorizar qué había hecho Martin Luther King, que es lo que les daba la enciclopedia. En la web encontraron a los racistas y tuvieron que desarrollar sus propios argumentos en contra de ellos. Es una manera de pensar mucho más profunda. Lo mismo pasa en la ciencia. Lo que se sabe es que si uno le da el mismo examen a chicos que utilizaron máquinas y a aquellos que no, puede ver que aprendieron lo mismo. Pero si uno hace preguntas más profundas, entonces ve la diferencia. Si uno no mide lo apropiado, no encuentra ningún avance. Hay estudios que dicen que las computadoras no hacen nada en la educación. Pero se basan en usar la computadora diez minutos dos veces por semana. Por supuesto, eso no hace nada. El punto es usar bien las máquinas en la pedagogía. Un estudio muy interesante que apoyamos desde la National Science Foundation –el equivalente al Conicet– era un grupo que hizo una investigación en las escuelas que usaban bien las computadoras. Estudiaron qué hacían bien los maestros en esas escuelas, en un montón de estados y luego sacaron un libro con las mejores prácticas. Una me quedó muy grabada. Tenga en cuenta que correspondía a una escuela con estudiantes negros. La maestra decía: “Yo mucho de tecnología no sé pero cuando tengo un problema en la clase con la computadora pregunto por un IBM, Important Black Men, y un chico me lo resuelve”. Con esta estrategia, que juega con el nombre de la empresa, hay valorización del estudiante y del conocimiento, y a la vez el maestro tiene claro que su obligación es ayudar y enseñar y no resolver un problema técnico, que lo puede resolver el chico que tiene mucha más facilidad con la tecnología. Un problema extendido es que los periodistas no profundizan su conocimiento sobre ciertas cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, hablan de los tests estandarizados, que todo el mundo en las escuelas y fuera de ellas sabe que no son suficientes para evaluar si los chicos aprendieron cosas que importan. Es lo mismo que pasaba con los ensayos que le comenté: lo que hay que evaluar es cómo piensa el chico. Eso es lo importante.
–Finalmente, ¿le sirvió la ciencia para ser independiente?
–Absolutamente (se ríe).
¿POR QUE NORA SABELLI?
Convivir con la ciencia / Por Mariana Carbajal
Nora Sabelli deleita cuando habla. No sólo porque lo que dice resulta interesante, sino porque lo cuenta de forma atractiva. Esta química teórica argentina es una de las más importantes especialistas en Tecnologías y Aprendizaje de los Estados Unidos, donde vive desde la década del sesenta, cuando decidió irse del país luego de la Noche de los Bastones Largos. Casi que el inglés es ya su primer idioma y a veces le cuesta encontrar una palabra en castellano para expresar exactamente lo que quiere decir. Vive cerca de San Francisco. Fue directora de Educación y Recursos Humanos de la National Science Foundation (NSF), el equivalente al Conicet, donde trabajó en Aprendizaje, Sistemas Inteligentes y en Investigación en Educación. Se desempeñó en la Oficina de Políticas en Ciencia y Tecnología (OSTP), que sirve como fuente para el análisis y la evaluación del presidente de EE.UU. en ciencia y tecnología. Actualmente es mentora de gente joven, y a la vez investigadora senior en el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercómputos de la Universidad de Illinois, y codirectora del Centro para la Tecnología en Aprendizaje (CTL) del Stanford Research Institute (SRI Internacional), desde donde estudia lo que pasa en las aulas cuando se aplican nuevas tecnologías, cómo cambian las clases, qué piensan los padres y los chicos. También está trabajando con una serie de grupos sobre cómo crear infraestructura para producir suficiente gente bien preparada para la economía del conocimiento, cuenta. En la Argentina, fue designada como integrante del Consejo Asesor del programa Conectar-Igualdad, por el cual el Gobierno está distribuyendo netbooks a todos los estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas del país. Hace pocas semanas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le otorgó el premio Raíces, destinado a los científicos argentinos que desde el exterior colaboran con el país. Tiene dos hijos, uno es ingeniero y otro abogado con gran pasión por la historia de los derechos humanos, y dos nietas, de 6 y 4 años: a la mayor, cuenta, le está enseñando física: “¿Cómo? A ella le llamaban mucho la atención las sombras, hablar de las sombras, es hablar de física”, señala. Enamorada de las TIC, en una extensa charla con Página/12 analizó su incidencia en la educación y el desarrollo de propuestas didácticas.
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